Oro intravenoso: geopolítica del opio

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Un joven birmano fuma opio al norte de Myanmar.

El opio ha estado presente en las culturas de la cuenca del Mekong desde hace siglos. No obstante, a lo largo del convulso siglo XX pasaría de ser parte de la medicina tradicional y un elemento adicional de las celebraciones que se imbricaría de manera inseparable con el crimen organizado. Nos acercamos a las remotas regiones del norte de Myanmar para analizar las diversas facetas de la cuestión.

Hilos invisibles unen a la humanidad de múltiples y diversas formas, muchas veces de manera fortuita y, aparentemente, sin sentido alguno. Concepciones comunes, gastronomías superpuestas, palabras compartidas y mitologías que transportan los mercaderes en sus viajes. También batallas del pasado, miedos milenarios y odios irracionales. Uno de estos hilos vincula las lujosas cortes de los rajput del siglo XV con las chabolas de la Cañada Real Galiana, la China Town del Nueva York en 1900 con los coches bomba que estallaron en las calles de Kabul en 2016, los centros de rehabilitación de Sídney con las montañas birmanas, las balas de los paramilitares filipinos con las soluciones intravenosas de los hospitales de Paris: se trata del opio. Y, de la misma forma que recorre las venas y pulmones de todos estos protagonistas, se infiltra por el mundo y atraviesa fronteras de los cinco continentes hasta llegar a las regiones más profundas del sistema económico mundial.

Solo en los países de la OTAN, 10.000 personas mueren anualmente por sobredosis ocasionadas por heroína afgana, lo que triplica las víctimas sufridas a manos de la resistencia talibán durante la invasión del país entre 2001 y 2015. Unido a los problemas de transmisión de ETS asociados a su consumo y a su vinculación a grupos terroristas y al crimen transnacional, desde Laos hasta Colombia, pasando por el valle de Bekaa, en el Líbano, además de problemas de desarrollo económico y pobreza, constituye sin duda alguna una amenaza para la seguridad y la salud global, de la cual, según el PNUCID, los cuerpos de seguridad estatales consiguen interceptar tan solo entre un 10 y un 20%.

I – El Triángulo Dorado, el Mekong y las guerrillas separatistas

Al noreste de Myanmar, en las aldeas remotas del estado de Chin, los brindis y las bienvenidas no se celebran con alcohol, sino con unas caladas de opio. Se trata por lo tanto de un cultivo tradicional implantado durante generaciones, usado tanto para abastecer de sustancias estupefacientes para los momentos de celebración de la comunidad como parte de la medicina tradicional. No obstante, lo que en su día formara parte de la cultura local iría, a lo largo de los siglos XX y XXI, convirtiéndose en una excelente fuente de recursos rápidos y seguros, especialmente útiles para financiar movimientos, ejércitos y actividades que debían desarrollarse al margen de la legalidad.

Myanmar, antes conocida como Birmania, emergió como Estado independiente en 1948. No obstante, nació sumida en una tormenta de grupos independentistas que se opondrían ferozmente a la existencia de un poder centralizado, lo que haría que desde sus inicios ninguno de los Gobiernos de Rangún controlara verdaderamente todo el territorio, en manos de los diferentes grupos guerrilleros, con agendas propias. Cuando los militares tomaron el poder en 1962, se produciría un cambio de estrategia hacia una política de dividir y vencer. Aprovechándose de la heterogeneidad del territorio, los militares forjaron alianzas con unas guerrillas ofreciendo concesiones a cambio de que colaboraran para eliminar a otros grupos para terminar con el frente común antiestatal que hasta entonces habían formado, asegurar treguas en determinadas zonas y reforzar el control sobre un territorio mayor. Aunque esto supondría un claro declive para las distintas resistencias, ahora más débiles y aisladas, estas nunca desaparecerían, y reafirmarían su control sobre las remotas e incomunicadas provincias gracias al apoyo de sus respectivas bases de carácter étnico.

En esas zonas libres en las que ni el Estado ni la electricidad ni el agua corriente llegan, los grupos beligerantes hicieron del cultivo tradicional del opio, además de la producción y tráfico de metanfetaminas, un eje fundamental de su supervivencia, enrocándose en sus posiciones y negándose a desaparecer. A la vez, pasaron a formar parte del engranaje del tráfico internacional de estupefacientes; nacía el Triángulo Dorado, del cual, hasta que Afganistán le arrebatara el podio a principios de la década de los 2000, saldría la mayor parte del opio consumido a nivel mundial. Se trata del área de encuentro entre las fronteras de Tailandia, China, Laos y Myanmar, vinculados entre sí por la cuenca del Mekong y donde se calcula que actualmente podrían existir hasta 600 kilómetros cuadrados —160.000 hectáreas solo en Myanmar— destinados al cultivo del opio, lo que convertiría desde la entrada en el nuevo siglo a la antigua Myanmar —especialmente el septentrional estado de Shan, donde se produce más del 90% del opio del Triángulo— en el segundo productor mundial de esta droga después de Afganistán. Las plantaciones se llevan a cabo en áreas a las que solo es posible acceder por senderos de la jungla y ayudado por un conocimiento ancestral del territorio. Tras la recolección, se cambia por dinero o por bienes en especie y cruza las montañas en camiones o mulas hasta llegar a China, Laos o Tailandia, donde será proyectado, tras la conversión en heroína, al mercado global.

Para ampliar: “Myanmar: de Estado fallido a presidente de la ASEAN”, Antonio Ponce en El Orden Mundial

Durante la segunda mitad de los años 90, diversas campañas internacionales y de ayuda al desarrollo centradas en proveer de alternativas económicas a los agricultores llegaron a reducir el cultivo en un 86% desde 1998. No obstante, la falta de recursos de los Gobiernos regionales, la corrupción enquistada en los sistemas políticos y la prácticamente imposible capacidad de competir con los beneficios derivados de la producción de opio harían que los números despegaran de nuevo hasta alcanzar récords históricos. Así, el tráfico de las más de 750 toneladas de esta sustancia en la región generó, solo en 2014, un beneficio de más de 16 mil millones, y las cifras no han dejado de aumentar desde entonces. A su vez, el consumo entre los locales no deja de extenderse, con la consiguiente saturación de los cementerios birmanos e incluso la normalización en algunas comunidades cercanas a los centros de producción, además de fomentar la creación de grupos violentos, que, tomándose la justicia por su mano, han empezado a atacar y quemar los campos de los pequeños agricultores. Por otra parte, lo que en su día fue un mero lugar de tránsito ha pasado a ser un centro de producción y consumo masivo, con laboratorios de síntesis de metanfetamina y heroína proliferando por doquier y vínculos con el narcotráfico que se extienden hasta Nigeria.

Producción y consumo de opio en Myanmar. Fuente: UNODC

Amapolas brotando de la pobreza

Un clima de extremos estacionales, un terreno difícil para el cultivo, la falta de alternativas económicas, la carencia de infraestructuras, con una agricultura basada en la subsistencia, y la alta rentabilidad de su cultivo son incentivos más que suficientes para potenciar el cultivo ilegal de opio. La adormidera es fácil de cultivar, rápida en la recolección y supone en muchos casos la diferencia entre poder o no pagar una educación para los hijos o los gastos sanitarios imprevistos para muchas familias. Especialmente en países como Myanmar, a la cola en el Índice de Desarrollo Humano, el cultivo de productos ilegales se sostiene gracias a la falta de oportunidades y a la precariedad de una masa importante de población. Prueba de ello es que, según la ONU, entre 170.000 y 200.000 hogares de Myanmar cultivan opio, la mayor parte del cual se destina a la manufacturación de heroína.

La narcoeconomía birmana es además alimentada tanto por el ejército como por las diversas milicias y guerrillas a las que enfrentan y que se lucran y perpetúan el sistema al exigir “impuestos de opio” a los agricultores, los cuales muchas veces, guiados por el mero instinto de supervivencia, desconocen a quién están pagando realmente. La falta de seguridad humana se configura así como un eslabón fundamental para mantener la cadena del narcotráfico y se repite a lo largo de todo el proceso, en primer lugar en la producción, pero también en el transporte —con colectivos vulnerables, como migrantes ilegales o mujeres, que son obligados a actuar como mulas y cruzar las fronteras con los cargamentos— y, por supuesto, en el consumo, generalmente vinculado a situaciones de exclusión social.

Flujos regionales de opio alrededor del Triángulo Dorado. Fuente: Transnational Institute

Aunque se han puesto ya en marcha diversas alternativas, como el café, lo cierto es que es difícil competir con los beneficios del opio, fácil de cultivar, transportar y almacenar y de usos no solo recreativos, sino también medicinales, ya que puede ser utilizado para tratar dolores y diarreas, especialmente en lugares donde el acceso a medicamentos convencionales es, si no difícil, directamente imposible. La producción, además, no deja de aumentar, impulsada por el interminable aumento de los consumidores no solo en Europa, Australia o Estados Unidos, tradicionales destinatarios del flujo de la china blanca o fentanilo, como se conoce a la heroína sintética, sino en los países circundantes. Asimismo, como ha ocurrido con la demanda de materias primas a escala mundial, un actor se ha impuesto como principal consumidor de opio: China. La sociedad del gigante asiático no deja de demandar heroína y ha alcanzado ya la cifra de los 1,3 millones de adictos, lo que significa el 70% de la producción de heroína de Asia. La provincia de Yunnan, en frontera con Myanmar, principal puerta de entrada de las drogas ilegales, alberga a la mitad de los adictos de toda China.

Para ampliar: “Evaluación global de las drogas sintéticas” (en inglés), UNODC

La inútil mano de hierro

La mayor parte de las políticas llevadas a cabo, basadas en la erradicación de los centros de producción y la criminalización de los implicados en el proceso —incluidos los propios consumidores—, han demostrado ser inútiles e incluso perniciosas al fomentar la corrupción y la producción a gran escala y destruir la economía de las pequeñas comunidades por no ofrecer alternativas de subsistencia. En el caso de Myanmar, la legislación antidrogas es herencia de los tiempos de dominación británica y, aunque se encuentra sobre la mesa para su reforma, sigue basada en la criminalización. Semejante acercamiento a la cuestión de las drogas se reproduce en todo el sudeste asiático, con países como Vietnam o Singapur penalizando su uso y tráfico incluso con la pena de muerte. Estas políticas se han traducido además en sistemas penitenciarios verdaderamente colapsados, como el de Tailandia, que alberga hasta 300.000 presos por delitos relacionados con las drogas —más que Francia, España, Argentina, Egipto y Australia unidos— y donde se han documentado casos de asesinatos extrajudiciales y de trabajos forzados.

Además de socialmente destructivas, dichas políticas no solo han demostrado ser totalmente ineficientes a la hora de reducir el consumo, al atacar a los consumidores y no los centros de producción, sino que además han fomentado un aumento de los precios y, por lo tanto, mayores incentivos para los traficantes, así como el aumento de la violencia y de la toma de riesgos a la hora de llevar a cabo sus actividades. Asimismo, el aumento de los posibles beneficios acaba arrastrando también dentro del flujo a las autoridades y a los funcionarios locales, con lo cual el narcotráfico queda integrado dentro del propio sistema político, económico y legal.

La última de estas cruzadas ha sido llevada a cabo, desbordando sus propios límites, por Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas desde mayo de 2016. La estrategia de Duterte ha sido clara: actuar sin piedad contra todo aquel que participe en el pernicioso consumo y tráfico de drogas en el país, desde consumidores hasta mafiosos, pasando por camellos de poca monta, una estrategia que implantó como alcalde de la ciudad de Davao. Este acercamiento, en el que han participado miembros de las fuerzas de seguridad, del ejército y también grupos paramilitares y civiles que han tomado la iniciativa de manera autónoma, se ha cobrado ya más de 3.600 vidas. A pesar de las críticas y de las acusaciones de que las estadísticas gubernamentales para justificar la campaña han sido manipuladas, lo cierto es que la popularidad del líder no ha dejado de crecer —en contraste con las alertas por parte de la comunidad internacional ante lo que se muestra como una simple y flagrante violación de los derechos humanos—, por lo que el proyecto de erradicación de las drogas mediante la violencia sigue hacia adelante y cuenta incluso con el apoyo de la población local. No obstante, sin atacar las raíces del problema, la rueda del consumo de drogas seguirá girando y activando con ello la maquinaria del tráfico ilegal.

Tráfico mundial de heroína. Fuente: Vice News

En búsqueda de una alternativa

El problema de las drogas continúa enquistado y sin aparente solución en el corto plazo, presente en las agendas de los Estados de la región como un asunto siempre pendiente por resolver. Aung San Suu Kyi, ganadora de las primeras elecciones democráticas en Myanmar desde 1990 y cuya llegada al poder augura tiempos de cambio en la largo tiempo conflictiva república, debe enfrentar la cuestión sabiendo que los militares —con intereses vinculados a los grupos paramilitares y al tráfico de opio en el Triángulo— siguen al acecho, dispuestos a retomar el poder que tanto tiempo han monopolizado si consideran que las decisiones del nuevo Gobierno suponen una amenaza para la identidad de la nación. Deberá además actuar rápido ante la aparición de grupos de “justicieros” cristianos, que ya han empezado a atacar el problema por sus propias manos. Será un problema que requerirá garantizar la paz en los remotos territorios del norte del país, donde, a pesar de las negociaciones, sigue gobernando la ley de las guerrillas y de los militares. Además, la cuestión de las infraestructuras será imprescindible para fomentar el desarrollo de dichas regiones, comunicándolas con el resto del país para aumentar las oportunidades de sus gentes. Sin duda alguna, una férrea voluntad política y una adecuada movilización de recursos serán fundamentales para poder conseguir verdaderos cambios, tejiendo para ello cuidadosamente las alianzas para atacar y resolver las desigualdades y los problemas de gobernanza en todo el país sin ofrecer ninguna oportunidad al viejo régimen de volver a alcanzar la hegemonía en el tablero político y acabar con la joven y aún frágil democracia birmana.

A principios de 2016, agricultores de hasta 14 países expresaban su oposición a todas estas políticas clásicas por considerarlas perjudiciales e inútiles, a la vez que una justificación de los Gobiernos para la violación sistemática de los derechos humanos. Se trataba del Foro Global de Productores de Plantas Prohibidas. Allí reivindicaron su derecho a plantar como forma de subsistencia ante la ausencia de alternativas y de inversiones para el desarrollo económico y dado el potencial uso terapéutico de los opiáceos, parte de la medicina local tradicional y con valor cultural e incluso religioso. De nuevo se plantaba la semilla del debate acerca de la legalización o prohibición de las plantas con propiedades narcóticas o estimulantes, esta vez en el sudeste asiático. Está claro que las sociedades de la región son aún muy conservadoras respecto a la cuestión y el estigma, los problemas sociales y los conflictos bélicos asociados a los estupefacientes causan sin duda rechazo hacia ellos. No obstante, el camino seguido hasta ahora ha demostrado ser totalmente inútil, por lo que los gobernantes del mañana terminen quizás optando por la vía de la regularización del cultivo y canalización legal de los beneficios en pro del desarrollo económico, como ya ha ocurrido en países como Uruguay o en algunos estados de EE. UU.

Segunda parte del artículo

 

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Más de tres décadas de guerra han convertido Afganistán en un narco-Estado construido sobre la economía del opio. Analizamos cómo se ha configurado dicho sistema, los factores económicos y sociales que lo han hecho posible y las opciones que tiene el pueblo afgano para dejar de ser la principal fuente de heroína del planeta.

II – La Media Luna Dorada de Afganistán: un narco-Estado a la sombra del Hindukush

Retrocedemos en el tiempo hasta la década de los 80 del pasado siglo. Las tropas soviéticas han ocupado Afganistán para asegurar la supervivencia del Gobierno afín y Washington ha puesto la maquinaria en marcha para apoyar a la resistencia armada. Se trata de una de las últimas grandes batallas que se librarán durante la Guerra Fría, y en ella los EE. UU. pondrán toda la carne en el asador, hasta tal punto que la operación de la CIA, asentada en la capital del país vecino, Islamabad, se convertiría en uno de los centros de operaciones de inteligencia más grandes del mundo.

Aprovechándose de las porosas zonas fronterizas entre Afganistán y Pakistán, al margen de la ley de los Gobiernos y dominada por las relaciones tribales, la CIA iniciaría una guerra sucia contra los soviéticos apoyándose en su homólogo pakistaní, el ISI (Inter-Services Intelligence) y utilizando el opio como combustible. El cultivo de la amapola adormidera era perfecto para un contexto bélico, pues requiere poca inversión, crece a enorme velocidad y es fácil de transportar. A medida que los muyahidines iban ganando terreno a los rusos a lo largo de los años 80, irían introduciendo las semillas, fomentando su cultivo mediante créditos y estableciendo el sistema de impuestos a los agricultores. El comandante muyahidín Mullah Nasim Akhundzada sería el pionero de este sistema. Estas dinámicas se darían especialmente en el valle de la región de Helmand, el cual concentra actualmente alrededor del 50% de la producción de opio del país. Cuarenta años antes, en lo que fuera una zona desértica en la orilla este del río que da nombre al valle, la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), en búsqueda de imponer su influencia frente a la URSS, había llevado a cabo megalómanos proyectos de irrigación de la zona con el fin de hacerla idónea para la agricultura y motivar la sedentarización de tribus nómadas procedentes de todo el territorio afgano.

Propaganda antisoviética de los muyahidines. Fuente: History in Posters

Propaganda antisoviética de los muyahidines. Fuente: History in Posters

Con el inicio del conflicto bélico, las caravanas entrarían en Afganistán cargadas con armas y municiones procedentes del puerto de Karachi para salir después cargadas de opio. A lo largo de los más de diez años de guerra, los servicios de inteligencia estadounidenses promocionarían la apertura de una masiva red de laboratorios de síntesis de heroína a lo largo de toda la frontera afgano-pakistaní —hasta 200 a finales de los años 80—. Aunque si bien el opio siempre se había cultivado en la zona, siempre se había destinado a los mercados locales y nunca se había llevado a cabo una producción de heroína a nivel local. Con la guerra, de las cien toneladas anuales producidas en los 70, se pasaría a las dos mil. Con ello, Afganistán se convertiría en el principal productor de heroína —aún no de opio como tal— del mundo: en 1984 aportaba el 60% del mercado norteamericano y hasta el 80% de la demanda europea. Además, entre 1979 y 1985 el número de adictos a los opiáceos en Pakistán pasaría de virtualmente cero a 1,3 millones. La pieza final la pondría Irán, desde cuyas permeables fronteras el cargamento se proyectaría al resto del mundo y fluiría por los corredores del tráfico ilegal hasta llegar a los mercados europeos —a través de la ruta de los Balcanes—, al golfo Pérsico, a África o a través de Asia central hasta alcanzar el mercado ruso. Había nacido la región de la Media Luna Dorada.

Tras la retirada de las tropas soviéticas en 1989, una cruenta guerra civil estallaría entre los distintos señores de la guerra que habían participado del conflicto en un país que arrastraba ya más de un millón y medio de muertos y el doble de refugiados. En este contexto, los agricultores tendrían bien claro qué cosecha elegir: la adormidera crecía más rápido que cualquier otra planta, requería nueve veces más empleados —algo excelente para los millones de refugiados que regresaban a sus hogares— y suponía unos beneficios económicos asombrosos, con lo que aseguraba la supervivencia de la empobrecida clase campesina. Si la producción ya había alcanzado niveles históricos, durante la primera mitad de los años 90 se duplicaría. Mientras tanto, el ISI pakistaní buscaría que sus aliados pastunes, armados a cambio de seguir llenando de suministros los laboratorios de heroína, ocuparan el Gobierno de Kabul, lo que llevaría al infructuoso bombardeo de la capital entre 1992 y 1994. Todo cambiaría con la aparición de un grupo militante pastún, los talibanes, nacido de diversos grupos fundamentalistas educados en escuelas coránicas, quienes demostrarían una capacidad para el combate inusitada y tomarían Kabul en 1996. También estos fomentarían el cultivo de la amapola y llegarían a elevarlo hasta suponer el 75% de la producción mundial.

En búsqueda de reconocimiento internacional, en 2000 los talibanes prohibieron la producción, algo que les valió la recepción de 43 millones de dólares en ayuda humanitaria por parte de EE. UU. No obstante, para ese momento la economía afgana era prácticamente de monocultivo y la prohibición, impuesta a sangre y fuego, supuso que 3,3 millones de personas —el 15% de la población del país— sufrieran una violenta bajada en sus ingresos. A pesar de todo, la organización no perseguía ni el tráfico ni el procesamiento de heroína, con lo que, tras el asalto a los laboratorios por parte del Gobierno pakistaní, estos se trasladaron a territorio afgano. Con menos materia prima en el mercado, los precios se elevaron exponencialmente y la producción de heroína, que aporta diez veces más beneficios que el opio puro, empezó a llenar las arcas de los talibanes.

Cuando un año después EE. UU. invadió el país, el cultivo volvió a su máximo esplendor para financiar la resistencia, con el aliciente de que ahora el país controlaba también la producción de los derivados del opio. A pesar de que los talibanes serían destronados en pocos meses, nunca desaparecerían, y para 2008 se calcula que controlaban ya el 98% de los campos de amapolas de todo el país y hasta 50 laboratorios de heroína —que ahora valía diez veces más—, por lo que consiguieron de nuevo el favor de millones de agricultores. Esto les supuso más de 400 millones de dólares solo en impuestos y la capacidad de proseguir el reclutamiento de combatientes al ofrecer sueldos de hasta 300 dólares mensuales, muy por encima de los ingresos medios del país.

Por su parte, para combatir a los talibanes, los EE. UU. apoyarían a señores de la guerra enemigos y harían la vista gorda en cuanto a su financiación, por supuesto ligada íntimamente al tráfico de opio, a cambio también de que les proporcionaran información sobre el paradero de Osama bin Laden. Todo ello ocurría a la vez que promocionaba políticas para la reconversión de la economía a un modelo no ligado a los estupefacientes. Aunque es cierto que finalmente el proceso de construcción estatal llevado a cabo durante esta década haría que la dependencia económica del cultivo de la adormidera se redujera de un 63% del PIB en 2003 a un 13% en 2014, los viejos señores de la guerra aliados de los invasores serían los que ocuparían las posiciones de poder en las instituciones estatales recién creadas, lo que ligaba indisolublemente el opio con el poder en el naciente sistema político.

Arquitectura de un narco-Estado

Actualmente, más de 200.000 hectáreas afganas son destinadas al cultivo de la adormidera y el tráfico de opio en Afganistán se entrelaza de manera inseparable con la financiación de los grupos insurgentes de todo tipo y con la corrupción sistemática en las instituciones. Es, además, fuente de ingresos imprescindible para hasta 500.000 familias —el 20% de la población afgana—, así como otra de las causas que llena los cementerios afganos y el frágil pilar de vida de un número creciente de adictos, que alcanzó el millón en todo el país en 2010, con una tasa de hasta un 8% de drogodependientes entre la población adulta —el doble que la media mundial—, lo que también ha potenciado el aumento de casos de ETS. Con todo ello, Afganistán ostenta el dudoso honor de concentrar el 90% de la producción de opio mundial —seguido de Myanmar, México y Colombia—, la cual supone hasta el 15% del PIB del país. Solo en 2014 se calcula que la industria del opio afgana generó más de 400 toneladas de heroína —más que la demanda mundial— y beneficios de hasta 850 millones de dólares —el doble que en 2009—, de los cuales solo 60 millones se quedaron en el país.

Fuente: El Orden Mundial en el Siglo XXI

Claramente, los desorbitados beneficios que genera el opio son más que suficientes para continuar con el negocio. Un edificio construido sobre los pilares de la corrupción y la precariedad hace que la rueda siga girando. Según Transparencia Internacional, Afganistán tiene una de las tasas de corrupción más elevadas del mundo, y uno de sus más conocidos marcadores es el hawala, un sistema informal de intercambio de capitales cuyos orígenes se remontan al siglo VIII y que conecta el dinero de las transacciones ilegales en la oscuridad de la frontera con paraísos fiscales en las Islas Caimán. El alcance de dicho sistema es tal que se calcula que solo el 35% de los movimientos de capital dentro de Afganistán se llevan a cabo por la vía legal, de manera que en ocasiones es imposible diferenciar dónde empieza el sistema bancario formal y termina el hawala al tener los intermediarios cuentas en bancos tanto nacionales como en el exterior y producirse los pagos tanto en efectivo como en bienes físicos.

Por otra parte, a pesar de la importancia que se suele dar al tráfico ilegal de opio como pilar de financiación de los talibanes y otros grupos terroristas, lo cierto es que solo entre un 10 y un 15% de los ingresos del grupo dependen de la adormidera. El resto lo consiguen de donaciones que envían organizaciones no gubernamentales falsas, de secuestros y del contrabando de madera o minerales. Así pues, si el sistema continúa hacia adelante es porque todos los estratos de la sociedad afgana, y no solo los grupos criminales, se benefician de él.

El primero de estos grupos, la clase campesina, se encuentra abajo en la jerarquía social afgana y al principio de la cadena de producción del opio. El cultivo de la adormidera no solo les proporciona unos ingresos mayores que los de cualquier otra actividad que pudieran elegir para subsistir, sino que además les supone una garantía de seguridad en un ecosistema marcado por la guerra y en el que el Estado está ausente en gran parte del territorio. Los talibanes y los líderes tribales implicados en el lucrativo negocio del opio se aseguran de que sus trabajadores permanezcan a salvo de toda amenaza ajena a ellos mismos, algo que, en un país en el que suplir las necesidades básicas no está al alcance de todos, es una bendición.

En el vértice opuesto de la pirámide social, todos los rangos de la clase política afgana beben de una u otra forma de los beneficios de la amapola, desde la familia y aliados del expresidente Karzai hasta los mandos policiales de las provincias y los jueces. Cuando los grupos armados son expulsados de una zona, su lugar es simplemente ocupado por el de los funcionarios de la Administración local o de la Policía, lo cual genera un clima de impunidad y corrupción absolutas en el que el dinero del opio se sobrepone a la aplicación de la ley y a la rendición de cuentas y en el que resulta imposible encontrar incentivos para poner fin a su cultivo. A esto se añade la facilidad con la que los amos de la droga pueden exiliarse en los países aledaños —principalmente Pakistán, India e Irán— para huir de los tribunales afganos.

La Media Luna Dorada y sus flujos hacia el subcontinente indio. Fuente: India Times

La Media Luna Dorada y sus flujos hacia el subcontinente indio. Fuente: India Times

Políticas millonarias e inútiles

Desde que EE. UU. invadiera Afganistán en 2001, la inversión en programas para combatir el narcotráfico ha sido de dimensiones millonarias y de carácter inútil, pues aparentemente solo han beneficiado a las empresas contratadas para la aplicación del programa. Por un lado, las dificultades impuestas al cultivo arruinaban la vida de cientos de miles de familias empobrecidas de las zonas rurales afganas, mientras que por el otro lado los señores de la droga simplemente cambiaban su lugar de residencia o sus líneas de negocio. Todo ello a la vez que los precios de la heroína en el mercado internacional se disparaban, lo que incentivó aún más su tráfico y multiplicó, en consecuencia, el número de muertes derivadas del consumo —que solamente en EE. UU. triplican a las muertes en combate de soldados estadounidenses—.

Todo ello plantea la necesidad de encontrar tanto alternativas materiales como incentivos morales, utilizando la educación como pilar fundamental de la erradicación y el planteamiento de alternativas. Considerando el enorme volumen de la producción de adormidera del país, así como la total dependencia económica de este cultivo, la transformación se plantea imposible en el corto plazo. Sin embargo, canalizar los gigantescos beneficios hacia un mercado legal otorgaría mayores beneficios, tanto para el Estado afgano como para los agricultores —que podrían ver sus ingresos aumentados un 4.000%—, al incrementar la capacidad de inversión en infraestructuras y la implementación de programas de desarrollo y de desintoxicación, atacando con ello todas las facetas del problema simultáneamente. Aunque la mayor parte del opio del planeta se cultiva en estas tierras, el 50% de los opiáceos, imprescindibles para la medicina moderna —e inaccesibles para el 80% de los afganos—, se producen en Australia y Francia, lo cual aporta bases suficientes para plantear un cambio de estrategia. Al producirse localmente, los afganos podrían acceder a medicinas a menos de la mitad de precio que en el extranjero y beneficiarse de un excedente más que de sobra para suplir la demanda mundial, lo que les permitiría adquirir una enorme masa de capital imprescindible para la industrialización del país.

Para ampliar“Azafrán: la alternativa a la producción de opio en Afganistán”, Vice, 2016

La idea no es revolucionaria, con ejemplos históricos como Turquía, que realizó en los 70 un viraje hacia la producción legal y se convirtió así en un líder mundial en el campo. También Irán es un excelente ejemplo a seguir en este aspecto. Allí, el régimen de los ayatolás comenzó aplicando políticas basadas en la criminalización y la represión, con castigos como la pena de muerte o los trabajos forzados para los traficantes. No obstante, ante la inutilidad de las mismas y el imparable aumento de adictos y de casos de VIH, los líderes de la república islámica decidieron cambiar de estrategia. Su solución sería la de invertir más del 50% del presupuesto antinarcóticos en políticas de prevención y educación social para combatir el consumo de drogas, a la par que se multiplicaban los centros de rehabilitación y desintoxicación, facilitando incluso el acceso a jeringuillas limpias y tratamientos con metadona. Con ello, Irán consiguió reducir los infectados por sida a la mitad entre 2004 y 2010 —en la población de las prisiones, incluso más— a la vez que daba una oportunidad a los adictos para reintegrarse en la sociedad. Tener como ejemplo dos países de mayoría musulmana debería ser de gran utilidad y servir de ayuda para los afganos a cargo de la reforma del sistema político, que, en vez de mirar hacia Washington o Londres, tendrán tal vez que seguir los pasos del más cercano Teherán y potenciar la creatividad en el diseño de sus políticas.

Fuente:

http://elordenmundial.com/2016/12/15/oro-intravenoso-geopolitica-del-opio/

http://elordenmundial.com/2016/12/22/ii-la-media-luna-dorada-afganistan-narco-estado-la-sombra-del-hindukush/

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